Política Exterior publicó en su número 134 del volumen XXIV un par de artículos y un editorial tratando el asunto de la Justicia Universal en España. Un asunto que ya hemos tratado aquí y que atañe a varios temas en el panorama geopolítico mundial, como los derechos humanos y la política exterior de nuestro país; ciertamente, hasta hace bien poco, en España los jueces tomaron acciones que pueden ser clasificadas como vanguardistas desde el punto de vista jurídico pero también como egocentristas e intrusivas desde el punto de vista de la política internacional de un país. Y a pesar de ello, algunas de estas medidas, no dejaron de ser correctas pese a los problemas que acarrearon a las relaciones exteriores de nuestro país.
El principio de Justicia Universal se ve materializado en nuestro país a través del artículo 23.4 de la LOPJ. Este artículo ha sido recientemente modificado en el Parlamento en la Ley Orgánica 1/2009. La cuestión que se presta a debatir en torno a este artículo es si un tribunal español puede llevar ante la justicia a individuos no españoles por supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en terreno no español y sin que esas violaciones afecten a ningún ciudadano español. Es decir, ¿creemos que somos los representantes de la justicia universal?, ¿creemos que nuestras salas de la Audiencia Nacional deberían ser el juzgado de guardia del mundo? En el pasado esto era posible y sucedió en varias ocasiones. La nueva reforma de la ley imposibilita a los jueces para hacer esto. Desde marzo, la justicia sólo puede actuar si un español se ve inmiscuido en uno de esos crímenes o si el supuesto culpable de los delitos está en España. Es decir, si existe un nexo vinculante entre los crímenes, las víctimas, el criminal y España.
Creo que pensar que España se puede erigir en la diosa imparcial e iluminada de la justicia del mundo es un gran error y por eso me parece bien la reforma. Además, en la actualidad existen tribunales internacionales creados expresamente para estos asuntos, como pueden ser la Corte Penal Internacional o el Tribunal de La Haya. Se puede argumentar que estos tribunales no son todo lo vinculantes que debieran. En cualquier caso, ¿quiénes somos nosotros, es decir, España, para juzgar las políticas de otros Estados democráticos?
Sin duda, hace falta dar un papel de mayor legitimidad a estos Tribunales Internacionales y hace falta que sus decisiones sean vinculantes. Hacen falta también más compromisos políticos por parte de los Estados y un frente unido en contra de los crímenes de guerra, lesa humanidad, terrorismo y genocidio. Por el contrario, lo que no hace falta es jueces estrella que se dediquen a malgastar los fondos públicos para requerir la aplicación de la justicia sobre asuntos que en no van a llegar a ningún lado.
Algunos creerán que la Jurisdicción Universal es un tema nuevo en el panorama socio político mundial pero lo cierto es que el término ya lleva aplicándose en la práctica desde los juicios de Núremberg. Desde entonces, ningún país ha osado aplicar este principio de jurisprudencia universal hasta los extremos expansivos a los que ha llegado España. Es más, los países más progresistas y avanzados tienen una legislación muy parecida a la que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Entre las razones que las naciones han tenido para no llevar a cabo este principio hasta sus últimas consecuencias cabe destacar los conflictos políticos y diplomáticos internacionales que estas medidas traen consigo; y de hecho, han acarreado situaciones diplomáticas bastante complicadas para nuestro país. Y me refiero a cosas como pretender procesar a un ministro israelí.
Al ministro de Defensa Israelí Benjamin Ben Eliezer lo intentó procesar junto a seis oficiales del ejército israelí el juez estrella Fernando Andreu por realizar un “bombardeo fallido contra un terrorista palestino”. Evidentemente, Israel consideró que el proceso era una injerencia en los asuntos internos del país y una falta de respeto hacia cualquier norma diplomática, pues al fin y al cabo, ellos consideraban ese ataque como respuesta a un ataque terrorista. Evidentemente, aquí el problema se encuentra en las proporciones de la respuesta. No obstante, volvamos de nuevo a la Justicia Universal: otro juez español podría llamar a declarar a los miembros de Hamas para juzgarlos cuando en uno de sus ataques bombas maten a un grupo de civiles israelíes en caso de que no lo investigase un tribunal israelí (dificil, pero no imposible, sobre todo hablando de países africanos). En fín, que nos convertiriamos de la noche a la mañana en el juzgado de guardia del mundo entero.
Finalmente, el asunto entre España e Israel se arregló tras varias mesas redondas en la Casa Sefarad de Madrid. En ellas participaron abogados españoles e israelíes tratando el asunto de la justicia universal y las diferentes ambigüedades que se plantean en torno a esta ley en nuestro país. Por desgracia, el asunto que seguirá sin arreglarse y me temo que no se arreglará con unas mesas redondas es el de Israel y Palestina.
¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Acaso creen nuestros jueces que si estos supuestos criminales no son juzgados en sus países de origen van a permitir que lo hagamos nosotros en España? Nuestros jueces la han intentado enmendar la plana hasta a los EEUU, un país que tiene más de 200 años de democracia. Lo curioso del asunto es que tras el desmantelamiento de Guantánamo tenemos a unos cuantos presos de aquéllos por España. Pero esto no acaba aquí, porque nuestros jueces no sólo piensan que los ministros de ciertos países son criminales, sino que además, piensan que los sistemas penales de esas democracias son corruptos y no funcionan. Y todo ello, me imagino, lo hacen pensando que nuestro sistema es perfecto y que en España la justicia está libre de toda corrupción. En resumen, todo muy español, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Como si en España la justicia o los ministros fueran los más eficientes, imparciales y ecuánimes del mundo entero.
Creo que sólo me queda recordar que los tribunales españoles actuan con tanta lentitud e ineptitud que todavía hoy se pueden encontrar casos pendientes de resolución desde los años 90. Y es que este artículo de la Justicia Universal es muy bonito en la teoría pero no hay voluntad para llevarlo a la práctica en el ámbito político internacional. Y si la hay, como en España, tiene un tinte político que destiñe sospechosamente marronaceo.
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Tienes razón en la mayor parte de tus argumentos, es posible que un país pequeño como éste no deba aspirar a impartir justicia universal sin limpiar primero su propia casa. Es iluso, lo sé, y por ello habría que implicar lo más posible a los estados a apoyar los tribunales internacionales, pero eso ya es otra historia…
“Terroristas y terroristas”
o “El último caso Garzón”
A mis padres y abuelo/as.
No es de extrañar, viendo y escuchando el taladrante bombardeo mediático del último “caso Garzón”, esta vez con él mismo como acusado, que lleguen a despertarse entre lo/as ciudadano/as, magistrado/as y político/as profesionales dudas, exclamaciones, burlas y alguna que otra “rajadura de camisa”. Aún más si resulta que el juez está acusado de investigar a los crímenes del franquismo por sobre una “Ley de Impunidad” que jamás quedó clara y justa para todo/as lo/as ciudadano/as del estado español, ni lo/as de ayer ni lo/as de hoy. Una ley que no respetó ni respeta la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Crímenes que aún estamos sacando de nuestros valles, barrancos y pozos por todo el Archipiélago Canario. Por todas las costas y sembrados de este estremecido estado español. No es de extrañar, por tanto que nos hayamos olvidado casi todo/as de un detalle importante en este caso judicial, que ya no es sólo judicial, sino también mediático y, además, “inadecuado” en el análisis político oficial: La acusación.
Lo/as que acusan a Garzón, a través, por supuesto, de los cauces jurídicos democráticos españoles, son lo/as mismo/as que defienden los valores políticos y culturales de cuarenta años de fascismo criminal, tan criminal como el de Hitler, Mussolini, Pinochet, Videla, Hassan II u Obiang entre otro/as tanto/as. Son lo/as mismo/as que visitán cada día, mes y año al “caudillo de los españoles”en el valle de lo/as esclavo/as, también de lo/as caído/as, lo/as mismo/as que repiten sus eslóganes políticos fascistas tan sangrantes aún en los oídos de lo/as padres, hijo/as y nieto/as de lo/as aplastado/as por la bota de falange y sus compinches (y retenes y grises y guerrilleros de cristo rey…). La acusación…
Nadie puede negar a estas alturas el terrorismo de estado franquista y las instituciones que lo financiaron y sostuvieron política, económica y policialmente. El terrorismo franquista ni fue cosa ni lo sostuvo una sola persona ni una sóla organización ni una única institución.
Resulta que somos lo suficientemente maduros y demócratas`para ilegalizar y encarcelar a organizaciones políticas y sociales y personas sospechosas de colaborar con un grupo terrorista además de por “no condenar públicamente el terrorismo”. Nunca escuché a todas las organizaciones políticas y sociales vascas abertzales condenar de forma unánime el terrorismo de e.t.a.. Tampoco escuché nunca, ni leí nada, sobre una condena oficial, pública y unánime, ni de forma alguna, del terrorismo franquista por parte de los grupos que defienden hoy aquella ideología de asesino/as: Falange y la mayor parte de la ultraderecha fascista: El nacional-catolicismo español. La acusación…
La acusación no ha sido nunca instada a condenar unos crímenes cometidos por las personas que colaboraron más o menos directamente en los cientos de miles de asesinatos, desapariciones, torturas y demás atropellos a la integridad moral y física de lo/s ciudadano/as perpetrados por el régimen terrorista del general franco y compañía. He ahí, amigo/as y compañero/as, el soterrado orígen del poder judicial del estado español democrático: El compromiso político del poder judicial español de no buscar, juzgar y encarcelar a lo/as culpables. Lo/as culpables.
La acusación. La parte acusadora. Lo/as presuntamente perjudicado/as. A lo/as que lo/as ciudadano/as debemos reparar, presuntamente.
La acusación no es capaz de condenar, ni condenó nunca, ni condena hoy en día los cuarenta oscuros años de represión, persecución y muerte de disidentes y sujetos molestos/as para su dictadura. Cuarenta años de héroes y heroínas muerto/as y torturado/as, conocido/as y anónimo/as; cuatro décadas de medievo religioso-cultural castrante y generador de trabajadoro/as explotado/as y sometido/as, de mujeres vejadas y anuladas socialmente, de homosexuales humilado/as y encarcelado/as,de intelectuales exiliado/as o fusilado/as, de niño/as perdido/as y hambres y extraperlo y cárcel y garrote vil. . Siete décadas de inexplicable silencio. Setenta años sin preguntar por qué. Cómo si el miedo aún perviviera. Aún peor, el olvido.
La acusación…
¿Es posible en la españa democrática del estado de derecho y las autonomías una organización social legal que hace continua y descarada apología de doctrinas políticas y culturales cuyo/as principales ejecutore/as histórico/as impusieron una dictadura terrorista durante cuarenta años a millones de ciudadano/as culpables todo/as de perder una guerra triste contra el triste golpe militar ilegítimo y sangriento de la ultraderecha nacionalista militar, la iglesia católica y lo/as grandes terratenientes con el general francisco franco al frente, contra una república democrática española?
¿Es concebible políticamente, y desde cualquier otro punto de vista, que esta acusación tenga derecho a sentar a un/a juez en el banquillo de lo/as acusado/as, se llame como se llame el/la juez en cuestión, cuando, con la actual ley antiterrorista en la mano debería ser inmediatamnte ilegalizada por enaltecer pública y privadamente a terroristas con más de cien mil crímenes de sangre sin resolver?
¿Existe algún motivo por el cual las personas que perpetraron estos crímenes políticos y de sangre durante los cuarenta años del terror franquista no deban ser perseguidas con todo el peso de la ley al igual que lo son e.t.a, y al qaeda?
¿Cómo es posible que dichas organizaciones acusadoras no se encuentren en las listas nacionales e internacionales de organizaciones terroristas conociendo el saldo de muerto/as y desaparecido/as, por nombrarlos sólo a ello/as, y el trágico, largo y doloroso precio que pagaron los pueblos de la gran españa de franco y, sin embargo, tengan poder político, económico, mediático y social para erigirse en “acusación” de un juez en una democracia monárquica parlamentaria?
¿Quiénes financian a estas organizaciones enaltecedoras del terrorismo franquista? ¿Qué pasa con la Fundación Francisco Franco?
¿Es legal una fundación en honor de un terrorista de estado? ¿Qué terrorismo es legal y cual no lo es?
¿Es legal la apología franquista y sospechosa la abertzale?
¿No está obligada a actuar de oficio la fiscalía del estado contra organizaciones que enaltecen públicamente a terroristas? ¿Existen “impedimentos” político-jurídicos para la acción judicial del estado español contra las organizaciones profranquistas y, por lo tanto, proterroristas? ¿Cómo pudieron un terrorista de estado y toda su corte de generales y esbirro/as escapar a la justicia ante la atónita mirada de millones de ciudadano/as ultrajado/as después de cuarenta años de autoritarismo asesino? ¿Se puede decir libremente, por fin, y de forma pública y oficial, que el generalísimo era un terrorista? ¿Que lo/as que le ayudaron en sus crímenes eran y son terroristas suceptibles de ser denunciado/as y perseguido/as por el estado español por terrorismo y crímenes contra la humanidad?
¿Que un terrorista cedió el poder a Juan Carlos I?
¿Es admisible que hasta la fecha ningún gobierno español haya instado oficial y públicamente a estas organizaciones, la actual acusación, a condenar el terrorismo franquista, falangista y católico y que, en cambio, se haya acusado, perseguido, ilegalizado y encarcelado a organizaciones y personas que cuadran con la denominación oficial y oficiosa de sospechosas de colaboración y enaltecimiento público del terrorismo y de terroristas?
Entonces, ¿Deberíamos exigir a la corona democrática española una inmediata y rotunda condena oficial del terrorismo franquista que le dio el poder y su automática abdicación “irrebocabilísima” de su cargo de rey y jefe de estado y de los ejércitos? ¿Debería Juan Carlos I ser acusado por no condenar públicamente el terrorismo franquista que le cedió el poder?
¿Podría ser juzgado el rey?
Sólo una pregunta más… ¿Por cuánto tiempo seguiremos silenciando la injusticia en nombre de no sé qué pacto político ilegítimo e ilegal que impide al poder judicial español hacer justicia con las víctimas del terrorismo franquista, falangista y católico, olvidando cruelmente así a lo/as oprimido/as, perseguido/as y asesinado/as en nombre de cristo, la patria, el movimiento, el honor o el antibolchevismo? Demasíadas preguntas por contestar. Muhas más que esperan ser planteadas. Demasíadas dudas históricas y personales.
Ninguna ley puede ser obstáculo para la verdad. Los crímenes contra la humanidad, como el genocidio de Guernica, Euskadi, entre tantos otros entre 1936 hasta 1975 son imprescriptibles. No existen organizaciones políticas legales hitlerianas o de corte neo-nazi o simplemente xenófobas en el estado español. Sus preceptos son anticonstitucionales y antidemocráticos como los de falange junto a todo el elenco de organizaciones políticas, culturales, empresariales y personas de la ultraderecha que las financian y sustentan amparadas por una ley jurídicamente incomprensible de la que la mayoría de lo/as ciudadano/as actuales no conoce apenas nada.
La parte acusadora…
La acusación parece intocable por los jueces, por lo/as político/as profesionales y hasta por lo medios de comunicación que todo lo saben. Lo/as seguidore/as ideológico/as de lo/as terroristas que derrocaron ilegítimamente una república democrática mediante la brutalidad y el terror pasan desapercibidos en una democracia adolescente y deforme; la democracia del telediario, la prensa rosa, el futbol y el desempleo, la corrupción política y el saqueo económico de los hijo/as y nieto/as de lo/as aplastado/as por la violencia terrorista de franco y sus secuaces, criminales y malhechores perdonado/as todo/as, en nombre de todo/as, por el poder judicial español. Un poder judicial denunciado por organizaciones de anmistía internacional por tener pres/as político/as y de conciencia en sus cárceles. Dato comprobable por el lector.
Lo que saco en claro, en principio, es que el estado español parece el único de la ue, al menos, en el que los herederos ideológicos y políticos del terrorismo franquista no sólamente tienen libertad y derechos para asociarse y proclamar la gloria de terroristas, asesino/as y explotadore/as esclavistas aristócratas y eclesiales, sino que su impunidad no es ya sólo jurídica, sino mediática. Tristemente, parece que la primera pesa muhísimo menos que la segunda en estos momentos. Confío en la conciencia y en la memoria de los pueblos del estado español. De las personas solidarias. Lo/as vencido/as en la guerra. Lo/as vencido/as en la paz de lo/as vencedore/as. Lo/as que nos levantamos en justicia para conseguir la paz. Paz sin dudas razonables. Sin preguntas dolorosas. Justicia para perdonar y olvidar sanamente cuarenta años de pesadilla terrorista. JUSTICIA. Ya no se trata de impartir justicia universal, sino de que se cumpla la ley.
Alejandro Oropez Hernández
Arhipiélago Canario, Estado Español,
14 de abril de 2010
[...] desde Bruselas, pero sí que aspectos como la armonización fiscal y la política económica o la política exterior y la justicia, cuando atañan a varias naciones de la Unión o a sujetos externos de la Unión, sean llevados [...]