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Guantánamos españoles

La situación que se vive en los Centros de Internamiento de Extranjeros ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y organismos internacionales como la ONU. A esto se suman más de 400 colectivos sociales y cuarenta mil firmas en pos del cierre definitivo.

Graciela tiene miedo y es comprensible que así sea. Los golpes e insultos que recibió durante su deportación aún permanecen frescos en su memoria y en su piel. Mientras repasa los hechos su voz se va haciendo cada vez menos audible; de modo que su confidencia es apenas un suspiro desganado. Graciela es ecuatoriana, tiene 43 años, un hijo parapléjico de 16 y un coraje admirable. Según recuerda fue una tarde de abril de 2010. Dos hombres la interceptaron en la calle y le pidieron su documentación. “Papeles!”, cuenta Graciela que le gritó el más bajito de los policías a los que ella no pudo identificar como tales porque iban de paisano. A eso le siguió el calvario de la estancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid. “Yo les dije que no me podía regresar a mi país porque tengo allá mi hijo enfermo a cuidado de mi madre y tengo que trabajar para mandarles plata”. Pero aquel diálogo sin eco de Graciela se perdía en los oscuros pasillos de esa morada que le habían impuesto; palabras que ni siquiera el viento se podía llevar.

Las leyes son las leyes. Y hay que cumplirlas. Usted está en España de manera irregular y ahora será deportada”. La explicación quedaba expuesta de manera inequívoca. Y Graciela no vaciló ni por un instante. “Yo entiendo todo lo de las leyes, pero tengo que mandarles plata a mi madre y a mi hijo porque si no no tienen para comer ni para los medicamentos que mi niño necesita”. Los días que siguieron en la vida de Graciela fueron muy extraños. “Para mi era como que estaba soñando”, dice, porque sigue dudando de la veracidad de esa vigilia tan llena de crueldad de la que fue víctima y testigo.

Los abusos de poder, materializados en celdas de castigo, maltrato psicológico y torturas físicas en en CIE de Aluche, son apenas un ínfimo ejemplo de esa enorme grieta de injusticia que permanece abierta bajo la falaz denominación de Centro de Internamiento de Inmigrantes; agujeros negros del Estado de Derecho por los que alguien, en algún momento de esta historia, debería responder.  Según datos de la ONG Pueblos Unidos, a lo largo de 2011 se cometieron en Aluche todo tipo de vejaciones, de castigos generalizados, amenazas e insultos racistas. “Tras realizar 1.049 visitas, entrevistarnos con 248 internos y conversar con sus familiares, hemos llegado a la conclusión de que más de la mitad de los recluidos está en situación de vulnerabilidad o ha padecido alguna irregularidad en su internamiento”, aseguran desde esta entidad. “Cuando supe que se habían suicidado dos internos no me extrañó mucho. Allí hay gente que no puede volver a su país porque no tienen nada. Y para llegar acá han pasado muchas penas, muchos sacrificios”, explica Graciela.

Mohamed Abagui tenía 22 años cuando fue detenido por la policía de Barcelona para ser recluido en el CIE de Zona Franca. Los responsables de ese centro de internación no saben explicar qué pudo haber sucedido; sólo atinan a manifestar que el chico estaba aislado en una celda a la espera de la orden de deportación. “Mohamed vivía con nosotros en Sabadell”, explica su primo. “Su madre está en Marruecos y él siempre la llamaba por teléfono y le mandaba el dinero que iba ganando en chapusas. Un día salió de casa y no volvió. Al principio pensábamos que estaba en casa de algún amigo. Pero como no regresaba mi esposa comenzó a realizar averiguaciones hasta llegar al los Juzgados de Sabadell. Y allí le informaron que estaba detenido sin explicar las razones, sólo se limitaron a decirnos que sería trasladado al Centro de Internamiento para ser deportado a su país”. Gemma, la prima de Mohamed, solicitó una entrevista personal con el juez. “La explicación que me dieron fue que estaba detenido porque es extranjero y no tenía documentos”. Los familiares de Mohamed continuaron cercanos al caso. Lo visitaron en el centro de internamiento y decidieron comunicar a los funcionarios el delicado estado psicológico del chico. “Pensamos que era mejor que supieran que estaba en tratamiento desde hacía dos años”. Sin embargo no hubo ninguna respuesta de los responsables de ese centro y finalmente Mohamed apareció ahorcado en su celda.

Ecuatoriano también, como Graciela, era Jonathan Sizalima. Tenía 20 años cuando fue detenido por la policía de Barcelona para ser ingresado en el mismo centro de internación en donde Mohamed se suicidó. Y Sizalima, al igual que Mohamed, apareció ahoracado en su celda. “A sus padres no les dejaron ver el cadaver de cerca. Tuvieron que verlo detrás de un cristal y tapado con una manta”, explicaron miembros de SOS Racismo. El pasado mes de diciembre, también en este centro de internación, otro joven africano de 21 años falleció tras sufrir un infarto de miocardio sin que los equipos sanitarios, avisados media hora más tarde de sucedido el hecho, pudieran reanimarlo.

Samba Martine, una congoleña que llevaba más de un mes en ESE MISMO CENTRO había acudido más de diez veces al servicio médico quejándose de distintas dolencias. Sin embargo recién fue trasladada a un hospital unas pocas horas antes de morir.

Eduardo Medina, de 38 años, cumplió con los 40 días de internamiento que hasta 2008 era el máximo de tiempo establecido por la Ley de Extranjería (en 2009 el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero extendió el encierro a 60 días). Su estado de salud era precario. La falta de atención médica lo llevó a intentar ahorcarse en el patio del CIE de Capuchinos, Málaga, el 25 de septiembre de ese año. Dos semanas después de ser expulsado a su país, Bolivia, y debido a esa privación de asistencia médica, Medina falleció.

Según Cristina Manzanedo, responsable jurídica de Pueblos Unidos, “al listado de palizas y otras atrocidades cometidas en estos Centros de Internamiento, hay que agregarles la violencia con la que la gente está siendo deportada. Se suman las denuncias de agresiones físicas graves. “Una mujer colombiana denunció que antes de subirla al avión que la llevaría de regreso a su país, los hombres que la acompañaban desde el CIE de Barcelona la insultaron porque ella insistía en que no quería irse del país. Finalmente fue golpeada y arrastrada por el suelo del aeropuerto como un animal.  Esta mujer logró que la soltaran. Tenía una fractura en la muñeca y varias hematomas. Al menos hay veinte denuncias de casos similares a éste”.

La policía está autorizada para solicitar la documentación a quien crea conveniente. El mudus operandi es poco ingenioso, aunque sumamente cobarde y ruin. “No sabía que eran policías porque no llevaban uniformes. Yo salía de un locutorio cuando me pararon”, relata Graciela. Distintas organizaciones no gunernamentales han coincido en los patrones de conducta de los agentes afectados a este tipo de detenciones. “Buscan en los sitios en donde suelen moverse los inmigrantes. Saben a quien detener; van directamente a por latinos y africanos. Hay un incentivo económico por este tipo de detenciones. Así que cuanto más inmigrantes irregulares logren apresar, más dinero cobrarán”.

Si aún continúa leyendo este artículo a pesar de la repugnancia que, espero, le produzca, se preguntará quién responde por estos actos criminales Se indignará pensando en tamaña injusticia que se comete a escasos pasos de su domicilio (en su país, que no es poco), se pondrá furioso, lo ahogará la angustia, lo envolverá la tristeza y hasta puede que le den ganas de salir a la calle a clamar justicia. O quizás no, quizás me he equivocado de lector y he puesto mi fe en una sensibilidad que no es tal. Tal vez a su entender la única solución para detener estos crímenes de Lesa Humanidad es que los inmigrantes no emigren, que se queden en sus respectivos países o que, si por el contrario vienen (o van. Últimamente van. Y hablan español), lo hagan con “todas las de la ley” o que -tal como leí en cierto periódico- se atengan a las consecuencias. De modo que ante la duda no arriesgaré para esta náusea una búsqueda de complicidad con lector ninguno. Sí apelaré a una comparación que se me ocurre oportuna: La “ilegalidad” que a estos seres humanos se les atribuye, no es menor falta que la que a diario cometen quienes dictan toda clase de leyes y decretos que atentan contra la democracia y que se traduce en esta realidad económica y social que atraviesa España y Europa. Sin embargo a nadie han “internado” aún por estos actos que representan un gran retroceso en la historia de los derechos invividuales (por no mencionar los falsos programas electorales, las reformas antidemocráticas, los tijeretazos y otras estafas en perjuicio del ciudadano de a pie por las que -de ser equitativo el reparto de justicia- ya deberían haber deportado a ese que las firma).

La situación que se vive en los CIE de España ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y organismos internacionales como la ONU. A esto se suman más de 400 colectivos sociales y cuarenta mil firmas en pos de su cierre definitivo. Para las organizaciones comprometidas con esta causa, los Centros de Internamiento de Extranjeros “son los Gauntánamos españoles”

A diferencia de Mohamed, Jonathan, Samba y Eduardo, Graciela está viva.Y a pesar de los golpes recibidos continúa intentando mantener a su familia, saltándose de momento esa “legalidad” que en nada hace mejores a quienes la dictaminan.

Guantanamo, 10 años de ilegalidad e injusticia

Hasta que Estados Unidos aborde estas detenciones como una cuestión de Derechos Humanos, el legado de Guantánamo pervivirá con independencia de si se cierra o no el centro penitenciario

Amparado bajo la amenza del terrorismo islamista y saltándose los preceptos básicos de los Derechos Humanos, el ex presidente norteamericano George W. Bush inauguraba hace diez años el centro de reclutamiento de Guantánamo, símbolo de vejaciones y torturas que a día de hoy representa otra cabal muestra de la barbarie del nuevo siglo.

Los principales medios de comunicación del mundo repasaron esta efeméride poniendo su objetivo no sólo en el plan sistemático de privaciones ilegítimas de libertades, sino también en el incumplimiento de la promesa de Barack Obama de cerrar esta cárcel ilegal y culminar de esta manera con otra de las etapas oscuras y desafortunadas de la historia de los Estados Unidos. Por su parte, el director de Amnistía Internacional de Bruselas, Nicolás Berger, instó a la Unión Europea a presionar al gobierno norteamericano para que definitivamente ponga fin a una década marcada por los constantes ataques contra los principios más fundamentales de los Derechos Humanos. “Ya es hora de que la UE reafirme públicamente su oposición a Guantánamo y a todos los abusos que allí se cometen”, señaló Berger mediante un comunicado.

La infamia comenzó el 11 de enero de 2002, cuando una veintena de hombres procedentes de Afganistán fueron alojados en una jaula similar a las que los zoológicos utilizan para la exposición de animales. Desde ese día el número de encarcelados (o enjaulados) fue creciendo hasta alcanzar a ochocientos individuos capturados en diversos puntos del planeta. “Un gran porcentaje de presos no representaba una amenaza inmediata para la seguridad de los Estados Unidos”, reconocío tiempo atrás Jim Moran, congresista del Partido Demócrata.

En “The Guantánamo Files: The Stories of 774 Detainees in American’s Ilegal Prision”, el periodista y escritor Andy Worthington asegura que el criterio de los Estados Unidos para ordenar detenciones se basó únicamente en la nacionalidad de los individuos; por lo que la explicación del ilegítimo accionar de la administación Bush en esta suerte de “caza” indiscriminada, estaría dada en el prejuicio racial y en la más retrógrada de las intolorancias.

Los prisioneros que sí pertenecían o tenían vínculo con la red terrorista Al Qaeda, fueron calificados como “combatientes ilegales”, una maniobra perfecta de los Estados Unidos para negar los derechos establecidos en la covención de Ginebra en 1949; así como también lo hizo con el derecho constitucional de “habeas corpus”, ya que Guantánamo no es territorio estadounidense y de esta manera puede permitirse la tortura y demás vejaciones durante los interrogatorios.

Durante su campaña electoral, y a sabiendas de que el cierre de Guantánamo se había convertido ya -aunque tibio- en un reclamo internacional, Barack Obama arriesgó una fecha para el fin de este centro de detención “Será antes de enero de 2010”, dijo. Sin embargo a mediados del pasado diciembre se supo que en Guantánamo hay aún 171 detenidos, de los cuales doce pertenecen al primer grupo que albergó la prisión en 2002. En diez años apenas uno de los prisioneros de esa base ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por una corte federal ordinaria; otros fueron sometidos a juicios injustos acometidos por improvisadas cortes militares que ahora pretenden, bajo la anuencia del gobierno norteamericano, aplicar la pena de muerte a seis de los reclusos.

Guantanamo, 10 años de ilegalidades e injusticiasLa impunidad de estos estos crímenes a los Derechos Humanos implicaría una notable regresión a épocas en que la humanidad aún veía ciertas conquistas como siemples utopías. Sin embargo el mero hecho de sabernos en pleno siglo XXI acarrea la responsabilidad de solicitar las rendiciones de cuentas a quienes aún persisten en cometer toda clase de actos repugnantes amparándose sólo en su carencia de escrúpulos. Tal como cree el investigador de Amnistía Internacional, Rob Freer, “Hasta que Estados Unidos aborde estas detenciones como una cuestión de Derechos Humanos, el legado de Guantánamo pervivirá con independencia de si se cierra o no el centro de dentención”.