Hablar de datos macroeconómicos, del Euro, del IBEX, de nuestra querida prima de riesgo, de Moody’s, de recortes, de lo que cobran los políticos, de los chuches y de todo aquello relacionado con la economía, parece que debería ser lo que está de candente actualidad. Sin embargo, quiero hablar de política pura y dura. Quiero recordar que algunos de los mayores cambios políticos, logros y aberraciones de la Historia han venido siempre precedidos de calamitosas situaciones económicas. Ya sea la Revolución francesa, la americana, la rusa o el ascenso de Hitler, fueron consecuencia de la carestía del pueblo.
Por ello no debemos olvidarnos del fino hilo en el que nos balanceamos. Es el momento de decidir si creemos que una política democrática y socialmente justa puede solventar nuestros problemas, o si bien lo que hace falta es una mano de hierro que reordene nuestra sociedad.
Nunca me decantaré por la imposición. Salvo el utópico caso del clásico Cincinato, un agricultor romano al que le nombraron Dictator para salvar la Ciudad de los enemigos internos y externos, y que a los dieciséis días abandonó su cargo al haber resuelto los problemas que le habían encomendado; en general el poder corrompe, y cuesta dejarlo. Se cometen atropellos e injusticias en aras de la seguridad. Se reprime al pueblo y se beneficia a una élite, sea del tipo que sea.
Por tanto creo que es el momento perfecto para profundizar en una verdadera democracia, un auténtico Estado social y de Derecho, tal y como propugna nuestra sobrestimada Constitución.
El primer y principal paso, a la par del más complicado, sería un cambio en el Sistema Electoral. El sistema por el que nos regimos ya nació viciado. Como ya he explicado en otras ocasiones, nuestra amada Transición a la democracia fue un proceso muy limitado e inconcluso. Para conseguir gobiernos estables y con capacidad de decisión, se optó por un modelo en el cual los partidos mayoritarios eran los más beneficiados, junto con los regionalistas, pero eso es otra historia.
Nos encontramos con un sistema bicameral (Congreso y Senado), claramente desequilibrado en favor del Congreso. Este mismo y en líneas muy generales se rige por el art. 68 de la CE, en el cual lo único que se especifica es que la circunscripción electoral es la provincia y que se elegirá a sus miembros en base a un criterio proporcional dentro de la misma. Este criterio proporcional se llama sistema D’Hondt, y favorece a los partidos más votados en cada provincia; haciendo que en la mayoría de estas los partidos pequeños no aspiren a sacar ningún diputado y que si decides votar a un tercer partido, lo haces a sabiendas de que es tirar tu voto a la basura (IU y UPyD).
Ésta situación resulta aún más sangrante cuando, si seguimos leyendo la CE, vemos en el art.69 que el Senado es la cámara de representación territorial.
Entonces, y aquí llega el meollo del asunto, ¿por qué existiendo una cámara de representación territorial, la circunscripción a la otra, la importante, se hace también en base a un criterio territorial y no directo?
Algún erudito, junto con algún afiliado al PP o al PSOE os dirá que para asegurar la estabilidad del Gobierno y de sus decisiones. Sin embargo la respuesta es otra. Es para perpetuar un sistema bipartidista de alternancia, favorecer las mayorías absolutas y alejara la demos del cratos.Tener una democracia representativa en la cual una vez que has votado, no es que puedas desentenderte de la política, sino que ya no puedes hacer nada más.Te venderán que hay resortes como la iniciativa popular o el Defensor del Pueblo. Mentira podrida. Tu papel en esta democracia ha terminado hasta dentro de cuatro años. Sirve para darles legitimidad, bailarles el agua y seguirles la comparsa.
En un sistema en el que mi voto fuese directamente a elegir a un diputado nacional, en vez de a uno provincial, es probable que saliesen más opciones políticas. Que se tuviese que llegar a acuerdos y consenso. Que no se pudiese gobernar a base de decretazos, prescindiendo del programa electoral, saltándosele a la torera, en definitiva una democracia más directa y con una representatividad más real.
Sin embargo, tal y como están las cosas, es imposible que se produzca este cambio. No interesa ni al partido en el poder, ni al partido en la oposición. Mucho menos interesa a los partidos nacionalistas o regionalistas, que verían mermadas sus aspiraciones e influencia en el Congreso. Y un cambio así da vértigo e inseguridad a los ciudadanos. Por eso creo que es el momento para que esto ocurra. Porque más vértigo e inseguridad que por lo que estamos pasando, no da nada.
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de esta forma habría que llevar a cabo una serie de decisiones dirigidas a conseguir la funcionalidad de nuestro Estado y a reducir drásticamente el déficit, que comienza a ser enormemente preocupante. Se seguiría la medida que se tomó en agosto para reformar el artículo 135 de la Constitución, pues, según este precedente, habría que adoptar al menos los siguientes puntos, que exigirían la reforma de la Constitución. En primer lugar, habría que agrupar municipios para dotarlos de un gobierno común, que redujese los gastos en cargos y en duplicidades. En segundo lugar, se deberían suprimir las diputaciones provinciales, pues no tienen ningún cometido especial en un Estado autonómico. En tercer lugar, habría que reforzar la unidad de mercado como condición para el crecimiento económico en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, habría que establecer una diferencia clara entre las competencias exclusivas y excluyentes del Estado y las de las comunidades. En quinto lugar, habría que llegar a un acuerdo sobre la cuestión de si todas las autonomías mantienen las mismas competencias o, por el contrario, algunas de ellas deben alcanzar un nivel superior. Pero, en cualquier caso, se debe cerrar definitivamente el mapa o diseño del Estado, acabando con la inseguridad jurídica que ha sido típica en estos últimos años y que ha perjudicado tanto la funcionalidad de nuestras instituciones, además de crear la desigualdad entre los españoles. Entonces, y sólo entonces, es cuando se podrá reformar el Senado a la vista del diseño definitivo del Estado, reduciendo el número de senadores, que no deberían de ser más de cuatro o cinco por cada comunidad autónoma, es decir, convirtiendo entonces al Senado en la auténtica Cámara de representación territorial que establece la Constitución.
[...] "CRITEO-300×250", 300, 250); 1 meneos Mi viejo amigo de provincias, el señor D’Hont http://www.periodismoindependiente.es/sociedad/viejo-amigo-provi… por Nick_Paganini hace [...]
Algunos dirigentes de partido y algunos politólogos afirman que después del 1977 y 1988 hay una transición a la democracia porque se presentan dos rasgos en el sistema electoral: la alternancia y la mayor competitividad en las elecciones. Pero esto no pasa de ser una ilusión. Ante la pérdida de la identidad de los partidos que arriba mencionamos, no hay verdadera pluralidad entre ellos; por tanto, un cambio de partidos no significa el cambio en los objetivos ni en la forma de hacer política. La alternancia empezó por los municipios, luego en los estados y últimamente en la presidencia de la república, y los objetivos y las formas de esos gobiernos no es diferente. Hay alternancia sin pluralidad. Hay un dato muy revelador de este proceso: desde 1946 al 2010 la abstención crece o la participación electoral disminuye de manera constante, en una línea que va del 89% al 63%. ¿Porqué, cuando se supone que hay mayor competencia (1994- 2000) es que la abstención crece? La competencia auténtica hace que la participación aumente. Pero este escenario de mayor competencia con disminución de participación, lo que denuncia es que realmente no hay competencia auténtica: competencia entre diferentes. Es la competición entre enemigos gemelos. Para que la competencia sea auténtica, se requiere que preexista pluralidad y para que esta a su vez exista, se requiere que haya diferencia sustancial entre los partidos.
Art. 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Art. 39 .- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
Sí, sí, el art. 39. Muy fácil de llevar acabo.